Esta semana se conoció una noticia que a muchos les puede parecer lejana pero que es muy importante por las consecuencias directas que acarrea. Se trata de una medida del gobierno de Milei que podría afectar negativamente la vida cotidiana, la estabilidad y la organización de miles de trabajadores, incluidos los camioneros. La medida tiene como objetivo la creación del fondo de cese laboral que implica un cambio profundo en las actuales relaciones laborales: convierte los puestos de trabajo en más descartables y debilita el vínculo entre el trabajador y el empleador. Desde nuestro sindicato, reafirmamos una postura clara: seguimos apostando a un sistema que ha demostrado funcionar, que brinda previsibilidad y resguarda a quienes todos los días sostienen la actividad del país.
¿Qué anunció el gobierno?
El día martes 13 de mayo, el Gobierno nacional reglamentó un nuevo mecanismo a través de la resolución 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que habilita la creación de los llamados “fondos de cese laboral”. Esta herramienta fue incorporada en la Ley Bases aprobada en julio de 2024 y su implementación será voluntaria, según lo que acuerde cada gremio con las cámaras empresarias de su sector.
¿De qué se trata este nuevo sistema?
El fondo de cese laboral propone reemplazar el esquema de indemnizaciones tradicionales —vigente en la Ley de Contrato de Trabajo— por un mecanismo diferente: que las empresas realicen aportes mensuales a un fondo que se acumula a nombre del trabajador. Si ese trabajador es desvinculado, cobra lo que haya en ese fondo, sin importar si fue despedido o si renunció. El ejemplo más conocido de este modelo es el que se aplica en el gremio de la construcción, donde la rotación laboral es alta y los períodos de trabajo suelen ser breves.
¿Qué hay detrás del fondo de cese laboral?
1. Traslado del riesgo al trabajador
El sistema actual de indemnización pone el riesgo económico del despido en el empleador: si decide despedir, debe pagar una compensación proporcional a la antigüedad y al salario actualizado del trabajador.
Con el fondo de cese, ese riesgo se “terceriza” y pasa a estar parcialmente “prepagado” en una cuenta individual. Es decir, el despido deja de ser un costo importante para la empresa, y el trabajador pierde el blindaje económico que tenía por ley.
2. Previsibilidad para el empleador, incertidumbre para el trabajador
Uno de los grandes reclamos históricos de las cámaras empresariales es la “imprevisibilidad” del costo del despido. Este fondo resuelve eso: la empresa sabe exactamente cuánto pone mes a mes y el costo de desvincular a alguien es igual a vaciar esa cuenta.
Pero para el trabajador, nunca hay certeza de cuánto hay acumulado, ni si alcanza, ni si refleja su verdadero salario actualizado.
3. Financiarización del derecho laboral
Acá aparece una similitud con lo que eran las AFJP: el fondo puede ser invertido en el mercado de capitales, y eso introduce riesgo financiero en un derecho laboral. Ya no es solo trabajo = salario = derecho adquirido. Ahora hay una “cuenta” que depende de múltiples factores externos: si se invirtió bien, si no hubo inflación que licúe, si no hubo períodos sin aportes, etc.
4. Desvinculación más barata y más frecuente
Un empleador que sabe que ya “pagó” la desvinculación (mes a mes) tiene menos incentivos para sostener la relación laboral cuando hay una caída del consumo o una reestructuración interna. El fondo, por diseño, abarata el despido y lo hace más frecuente, algo incompatible con actividades donde la estabilidad es clave —como el transporte.
5. Desgremialización por la vía de los hechos
Aunque se dice que cada gremio puede negociar su adhesión, el hecho de que existan mecanismos paralelos tiende a fragmentar la unidad del mundo del trabajo y empuja a que gremios más débiles o con menos representación firmen convenios más flexibles. Es una forma de avanzar hacia la “modernización laboral” sin reforma laboral formal.
En resumen hay una lógica similar a las AFJP, en tanto se individualiza, se capitaliza y se introduce riesgo en un derecho que hasta ahora era solidario, garantizado y previsible. Y al igual que en el caso de las AFJP, los efectos negativos pueden tardar en verse, pero cuando aparecen, es tarde para el trabajador.
¿Es el sistema óptimo para los camioneros?
Este modelo no se ajusta a la realidad del transporte de cargas, una actividad con relaciones laborales estables y continuas. Por eso, desde nuestro sindicato no vamos a adherir a este nuevo régimen. Elegimos sostener el sistema de indemnizaciones vigente, que ofrece una red de contención real ante un despido sin causa, y que ayuda a preservar la estabilidad del empleo en un contexto económico complejo.
El modelo de indemnización actual establece que, si un trabajador es despedido sin causa, tiene derecho a una compensación equivalente a un mes de salario por cada año trabajado. Este derecho no solo repara la pérdida, sino que también promueve empleos más duraderos, lo que redunda en mayor organización, previsibilidad y calidad de vida.
En tiempos de incertidumbre, y como se viralizó en la serie El Eternauta, estamos seguros que “lo viejo funciona”: un sistema justo, probado y pensado para cuidar a los trabajadores. No hay lugar para experimentos cuando lo que está en juego es el trabajo.