La jueza Paula Calace Vigo, titular del Juzgado Laboral de Primera Instancia de Rosario, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por presuntas irregularidades vinculadas con su intervención durante el proceso electoral del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe desarrollado el año pasado.
De acuerdo con la presentación realizada por las autoridades del sindicato, la actuación judicial habría vulnerado principios esenciales que deben regir todo proceso, entre ellos la imparcialidad, el debido proceso y la igualdad de las partes.
Según trascendió, la denuncia ya se encuentra en trámite y las autoridades sindicales fueron convocadas por la Corte Suprema provincial para ratificar formalmente la presentación y ampliar los fundamentos expuestos.
La Junta Electoral, uno de los principales ejes de la denuncia
Uno de los aspectos centrales planteados en la presentación refiere a la falta de participación otorgada inicialmente a la Junta Electoral del sindicato, órgano previsto por el estatuto para controlar y fiscalizar el proceso electoral.
La denuncia sostiene que, pese a que las decisiones judiciales incidían directamente sobre cuestiones que estaban siendo analizadas por dicho órgano, la Junta Electoral no fue incorporada oportunamente al expediente para ejercer su derecho de defensa y aportar los antecedentes relacionados con las impugnaciones formuladas contra una de las listas participantes.
Entre esos antecedentes se encontraban las observaciones realizadas respecto del incumplimiento de requisitos estatutarios para la oficialización de la lista opositora y las denuncias vinculadas con presuntas firmas y avales falsificados, circunstancias que posteriormente dieron origen a actuaciones destinadas a determinar la autenticidad de la documentación presentada.
Asimismo, la presentación cuestiona que, una vez incorporada la Junta Electoral al expediente, los planteos y elementos aportados no habrían sido debidamente considerados durante la tramitación de la causa.
Presuntas irregularidades procesales
Otro de los ejes de la denuncia apunta a la existencia de presuntas irregularidades procesales durante la intervención judicial.
Según surge de la presentación, se habrían omitido procedimientos y garantías esenciales previstas por el ordenamiento jurídico, generando un escenario de desigualdad entre las partes y favoreciendo la posición procesal de quienes impulsaban la suspensión de las elecciones.
En ese marco, las actuales autoridades del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe entienden que la actuación de la magistrada evidenció una parcialidad manifiesta y una intervención que excedió las atribuciones que correspondían al órgano jurisdiccional en un proceso que ya contaba con mecanismos estatutarios específicos para resolver las controversias planteadas.
Un conflicto que continúa en la Justicia
La denuncia contra la jueza Paula Calace Vigo se desarrolla paralelamente a la causa penal que investiga las presuntas irregularidades detectadas en la conformación de la lista encabezada por Omar Galarza.
En ese expediente se procura determinar las responsabilidades derivadas de la presunta falsificación de firmas, la utilización de avales cuya autenticidad es objeto de investigación y otras circunstancias vinculadas con la presentación de la lista opositora durante el proceso electoral.
Con ambas actuaciones actualmente en trámite, el conflicto electoral continúa teniendo derivaciones judiciales e institucionales. Mientras una causa analiza la actuación de la magistrada que intervino durante el proceso, la otra procura establecer las eventuales responsabilidades penales relacionadas con las irregularidades denunciadas en la conformación de la lista.
La convocatoria realizada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que las autoridades sindicales ratifiquen la denuncia representa un nuevo paso dentro de un proceso que permanece abierto y cuyo desarrollo continuará siendo seguido por el Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe.